El 1° de marzo pasado, un container que llevaba ocho sillones fue marcado como "sospechoso"

 en la terminal número 4 del Puerto porteño. Había venido de un depósito fiscal en la ciudad, donde le introdujeron la carga y donde recibió un primer chequeo, para salir a despacho sin problemas. Un puerto cercano a Lisboa, la capital de Portugal, era su destino final, tras un viaje que duraría un mes a bordo de un buque de la empresa Maersk, uno de los principales nombres en el negocio del transporte transatlántico.

El dueño del cargamento era, precisamente, un portugués, que había contratado a una reconocida firma local de despacho de aduana para el envío. Las razones para que las autoridades lo considerasen sospechoso eran obvias. Primero, la Argentina, por lo general, no exporta muebles. Segundo, Portugal es una de las principales puertas de acceso a Europa para el tráfico de cocaína latinoamericana.

Así, se decidió que el contenedor ingresase a un scanner, lo que alimentó aún más las sospechas: en los monitores, las estructuras internas de los muebles eran el centro del problema. El container fue abierto e inspeccionado con el aval de la Administración General de Puertos, que dio vía libre a los protocolos correspondientes. La división Riesgo Jurisdiccional de la AFIP, apostada en el Puerto, envió a un equipo de canes olfateadores. La nariz de los perros no falló, el scanner tampoco. Bajo el tapizado de los ocho sillones, una cuerina barata de color celeste, había vigas de metal en vez de madera. Dentro de las vigas se encontraron 124 kilos de cocaína de máxima pureza.