Nacional

Desarticulan una organización narcocriminal que abastecía de estupefacientes a bandas delictivas

En Junio de 2021, se iniciaron investigaciones sobre una organización narcocriminal situada en la provincia de Jujuy, desde pequeños parajes trasladaba estupefacientes hacia centros urbanos como Buenos Aires y Mendoza.

A lo largo de 10 meses, los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Procedimientos Judiciales y Delitos Complejos “Salta” y “Jujuy” pudieron detectar el modus operandi de los investigados, el cual se trataba de implementar tres vehículos para el traslado de la droga y observar en las zonas donde podrían estar los controles de la Fuerza, de ser así, se bajaban de los rodados y continuaban a pie como mochileros.

 La investigación

A través de numerosas evidencias recolectadas, entre ellas informes de tareas de vigilancia en la zona e intervenciones telefónicas, el auxiliar fiscal acreditó la conducta delictiva de todos los integrantes de la organización, razón por la cual se avanzó con la detención de los acusados.

Fue así como, el sábado pasado, personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales Salta de la Gendarmería Nacional allanó tres viviendas y detuvo a los siete imputados, oportunidad en la que se incautó, desde uno de los inmuebles, una carga de 69 kilos de cocaína.

También se secuestraron dos camionetas, una marca Toyota Hilux y otra Chevrolet Amarok, dinero, un visor nocturno y los handies que utilizaban los mochileros a medida que surcaban los cerros ubicados entre las localidades de La Quiaca y Abra Pampa.

Para mayor precisión, el representante del MPF aportó el rol de cada uno de los acusados, quienes se agrupaban bajo las órdenes de un líder, encargado de gestionar la adquisición de la droga, a la vez que coordinaba el traslado desde la frontera hasta Abra Pampa.

Por debajo, había otros dos acusados que tenían funciones relacionadas a la contratación de los mochileros, últimos en la escala de la organización, como también elegir y determinar el lugar de almacenamiento de la droga.

Los funcionarios allanaron un domicilio en donde detectaron 66 paquetes que contenían 69 kilos 954 gramos de cocaína. Además, efectuaron la detención de siete miembros (cuatro de nacionalidad argentina y tres de nacionalidad boliviana) de la organización narcocriminal.

Como resultado de la inspección, se secuestraron tres vehículos (dos camionetas y un automóvil), dinero en efectivo (1.139.350 pesos, 7.100 dólares estadounidenses y 1.892 pesos bolivianos) y elementos utilizados para la logística (24 celulares, siete radios Handy y un visor nocturno).

Prisión preventiva

Dada la cantidad de evidencias y el grado de verosimilitud de la acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de todos los acusados, fundada en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal en curso.

Entre otros argumentos, señaló también la falta de arraigo, los informes de la Dirección de Migraciones en cuanto a serias irregularidades cometidas por los acusados en el ingreso y egreso del país, como también la expectativa de pena negativa en función de la escala penal aplicada.

A su vez, resaltó la naturaleza y gravedad del hecho e indicó que la investigación se encuentra aún en un estado incipiente, por lo que podrían surgir pistas que permitan identificar a otros responsables, como los proveedores del estupefaciente.

En el turno de la defensa, los siete acusados aceptaron prestar declaración y reconocieron su participación en el hecho, ya sea con mayor o menor grado. Luego, su defensor se opuso a la prisión preventiva. Fundó su posición en la supuesta debilidad de la acusación e inconsistencias en materia de arraigo de sus defendidos.

Los cuestionamientos, sin embargo, fueron rebatidos por el represente del MPF, quien ratificó el tenor de las evidencias reunidas y los riesgos procesales enunciados.

La jueza Giménez resolvió en base a los términos requeridos por la fiscalía. Entre otros fundamentos brindados, resaltó, como lo hizo la fiscalía, la gravedad del hecho, el daño a la salud que la droga incautada podría haber causado en la comunidad y la obligación del Estado Argentino de abordar los delitos de narcotráfico, según consta en los compromisos asumidos mediante tratados internacionales.

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