La exdirectora de la Oficina de la Mujer y Diversidad de esa comuna y una empleada de esa dependencia están siendo investigadas por reclamar a algunas beneficiarias una suma de 10 mil pesos por un lapso de seis meses a cambio de no darles de baja el apoyo económico que reciben a través del Programa Acompañar, que brinda el Estado nacional.

El juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, aceptó la imputación por el delito de concusión contra la exdirectora de la Oficina de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Claudia Cordero Soria, la empleada de esa dependencia, Sandra Domínguez, y el hijo de esta última, Lautaro Hurtado, en el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal en la que la fiscalía consideró que existen pruebas que las involucran en la exigencia de dinero a las beneficiarias de planes sociales.

La acusación fue presentada el miércoles pasado por el fiscal federal José Luis Bruno, de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, quien lleva adelante el caso desde noviembre del año pasado, cuando un portal informativo de la red social Facebook reveló irregularidades en el Programa Acompañar.

Al presentar el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal y su auxiliar, la fiscal María del Carmen Núñez, explicaron que, a partir de aquella publicación, iniciaron la investigación de oficio. Como resultado de ello, señalaron a Cordero y Domínguez como las principales responsables de las maniobras.

El fiscal sostuvo que el ardid consistía en exigir pagos de dinero a cambio de no dar de baja a los planes sociales. Y explicó que las beneficiarias debían entregar una suma de 10 mil pesos por un lapso de seis meses para retener la ayuda económica dispuesta por el Estado Nacional.

De acuerdo a las evidencias recolectadas, desde el MPF sostuvieron que se pudo comprobar que el dinero exigido era depositado en una cuenta bancaria perteneciente a Hurtado. El caso se vio reforzado con la denuncia posterior de una beneficiaria que confirmó la modalidad delictiva.

La denunciante, víctima de violencia de género, explicó que había contactado a Domínguez por esta situación y que la imputada le informó que, desde la Oficina de Mujer y Diversidad del municipio local podían asistirla, e incluso le comunicó que recibiría una ayuda económica del programa Acompañar. La beneficiaria indicó que los pagos debía depositarlos en una cuenta bancaria que Domínguez le aportó, que pertenecía a una persona de apellido Hurtado.

Tras unos meses, la víctima dejó de efectuar estos aportes, pues -según indicó- tomó conocimiento que no correspondía hacerlos. Esto generó que tuviera una discusión primero con Domínguez y posteriormente con Cordero, a quien la denunciante había acudido al advertir la irregularidad de la que fue víctima, pero la exdirectora no hizo nada al respecto, razón por la cual también la denunció.

El programa Acompañar pertenece al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y tiene como objetivo “promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género” a través de la entrega de un monto mensual.

Cuenta bancaria

Otras denuncias recibidas dejaron entrever la posibilidad que las acusadas también recreaban el estado de riesgo de violencia de género de algunas beneficiarias, con el fin de generar la ayuda económica, de la cual sacaban un provecho propio.

En ese marco, la fiscalía no descartó esta modalidad y por ello, entre otras medidas pendientes, solicitó al juez el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los acusados. Asimismo, indicó que se encuentran en trámite otras tareas investigativas complementarias.

Tanto la Procuraduría de Investigaciones Administrativas como la Fiscalía de Distrito de Salta colaboran con esa sede fiscal en la investigación del caso.

Formalizada la acusación, Cordero fue la única que accedió a declarar y lo hizo para desvincularse del delito imputado. No obstante, y de acuerdo a la carga probatoria exhibida por la fiscalía, el juez hizo lugar a la imputación, como también a las medidas de coerción requeridas por el fiscal, entre ellas el compromiso de colaborar con la investigación y la prohibición de salir del país.

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