Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°1 de esa ciudad, Julio Bavio, admitió la imputación penal y la prisión preventiva requerida contra Eduardo Vilte, su pareja Viviana Busto y su hermano mayor, Alfredo, por el delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de intervinientes.

La decisión, según lo manifestado por el magistrado en reiteradas ocasiones, se debió a la contundencia probatoria expuesta por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos en la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada el miércoles 24 de mayo. El juez dictó la prisión preventiva de los tres acusados, tal como lo solicitó la fiscalía.

Al referirse al hecho, el fiscal Toranzos, titular del área a cargo del caso, detalló las diligencias probatorias encaradas a fin de poder identificar y desentrañar la maniobra utilizada para el tráfico del estupefaciente, que se descubrió el 7 de abril pasado en la terminal de ómnibus local.

Reseñó que en aquella jornada se advirtió que tres valijas habían sido colocadas en la bodega de una unidad que partía a Tucumán, pero sin que ningún pasajero hubiera declarado la respectiva titularidad, generaron el estado de sospecha y llevaron a retener el equipaje.

Explicó que, al intervenir, la fiscalía pudo conocer que uno de los choferes del micro vio a una pareja cuando colocaba las valijas. El testigo contó que le llamó la atención que, al partir, las dos personas no estaban entre el pasaje. A partir de esta pista, y con el control judicial del caso, se requisó el equipaje con un can antinarcótico que confirmó la sospecha de droga en las maletas.

El fiscal contó que, al abrirlas, se descubrió que cada una llevaba paquetes por un peso de 10 kilos de cocaína, sin otros indicios que permitieran identificar a los responsables. Para dilucidar este inconveniente, se apeló a recopilar las imágenes de las cámaras de video existente en la playa de la terminal, como en los alrededores.

Narró que, como resultado de esta tarea, en la que intervinieron la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y Ana Gómez Rincón, del Área de Casos Complejos, y personal de la Gendarmería Nacional, se identificó al policía Eduardo Vilte, en uso de licencia, junto a su pareja, cuando llegaban a la plataforma de embarque.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y una tarea de cotejo en las redes sociales, se pudieron obtener fotos de las tres personas imputadas, confirmar sus identidades y, en base a ello, avanzar con los allanamientos y detenciones.

Añadió que se detectó cuando colocaban las valijas y se retiraban del lugar, para luego entrar en escena Alfredo Vilte, quien ascendió como un pasajero ajeno a la maniobra y dispuesto a cumplir el rol de control de lo que se conoce como un “transporte ciego”, el cual se coronaría con la aparición de otro implicado que, en Tucumán, se presentaría a retirar el equipaje.

Profunda investigación

Del barrido de las cámaras, pertenecientes a la terminal y al Servio 911 de la policía provincial pudo identificarse no sólo la fisonomía de los dos acusados y de la acusada, sino también la ropa que vestían y el automóvil en el que se movían.

Con estos datos, y una tarea de cotejo en las redes sociales, se pudieron obtener fotos de las tres personas imputadas, confirmar sus identidades y, en base a ello, avanzar con los allanamientos y detenciones. Las medidas fueron concretadas el 6 de abril pasado. En se marco se logró el secuestro de prendas que algunos de ellos vestían cuando se presentaron en la terminal de ómnibus.

Una vez expuestas las pruebas, para lo cual se utilizó una proyección digital, la fiscalía formalizó la imputación penal y solicitó la prisión preventiva de los dos acusados y de la acusada en razón de la gravedad del hecho, la afectación en abstracto a la salud pública, el bien jurídico protegido y la logística empleada para cometer el delito.

Resaltó otros indicadores, entre ellos, el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación, la cual destacó, aún se encuentra en una etapa incipiente, ya que existen sospechas de la participación de otros implicados, quienes podrían ser alertados por los imputados en caso de ser liberados.

La defensa, por su parte, apeló a un planteo de nulidad por un supuesto vicio formal, respecto a un informe que no fue dado a conocer al juez, para con ello reclamar el sobreseimiento y la libertad de sus clientes, lo que fue rebatido por el fiscal al recordar la desformalización que impera en el sistema acusatorio, en contraposición con el rigor de trámites del sistema mixto.

Expuesta la acusación y los argumentos defensivos, el juez rechazó de plano la nulidad requerida, en coincidencia con lo alegado por la fiscalía, para luego dar por formalizada la investigación penal por el delito de transporte agravado, a la vez que dictó la prisión preventiva y autorizó los peritajes pendientes del caso.

En sus argumentos, el magistrado reconoció la complejidad del caso y la tarea realizada por la fiscalía para desentrañar la maniobra. “Advierto que este es un caso en el que pocas veces se pudo determinar un hecho de transporte con mayor detalle, tanto sobre el periplo que se desarrolló como en la tarea efectuada para lograr la identificación de los sospechosos”, resaltó.

En otro tramo, tras reiterar las pruebas expuestas por la fiscalía, el juez volvió a destacar la “alta verosimilitud” del hecho, producto de una tarea recreada por el Ministerio Público Fiscal que permitió identificar “muy claramente” a los acusados, su vinculación con el hecho y la “división de roles” que tuvieron.

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