Una familia entera. Sellos de médicos. Carnet de afiliados

. Recetarios. Planchas de troqueles falsificados. Cheques y dinero en efectivo. Y un perjuicio patrimonial que rondaría, según fuentes judiciales, los 50 millones de pesos. "Se habrían obtenido medicamentos a costo cero o bajo costo a los que luego se les habrían colocado troqueles apócrifos a fin de ser enviados a otras provincias y de este modo obtenido una ganancia con su comercialización, ganancia derivada del medicamento ilegalmente obtenido en perjuicio del PAMI", escribió el magistrado.

 

De esta manera, y luego de tres años de investigación que incluyó intervenciones telefónicas claves para las pesquisas, Walter Ricardo Bento, juez federal de Mendoza, desbarató y procesó con prisión preventiva a nueve integrantes de una banda acusada de defraudar al Estado mediante la obtención de tiras reactivas e insulina en nombre de afiliados del PAMI que, en los hechos, no consumían dichos productos. La maniobra, con la que se estafó a la administración pública en un monto que rondaría los 50 millones de pesos, incluía, según el procesamiento, "su posterior reventa en el mercado informal obteniendo consecuentemente un beneficio económico", lo que prueba la logística de la que se nutrió la organización delictiva.