La Argentina agroindustrial ha hecho dos enormes aportes al medio ambiente. El primero y más conocido es el de la siembra directa, que no solo ahorró una enorme cantidad de emisiones de CO2 gracias a la reducción del consumo de combustibles, sino que revirtió la tendencia a la pérdida de materia orgánica de los suelos. Este es un fenómeno global: no solo hemos enviado a la atmósfera el dióxido de carbono proveniente de la quema de fuentes fósiles (petróleo, gas y carbón), sino el acumulado en el perfil de los suelos durante millones de años.

El segundo aporte es el de los biocombustibles. La sanción de la ley 26093 catalizó el corte de la nafta con etanol (proveniente de la caña de azúcar y el maíz) y del gasoil con biodiesel (originado en aceite de soja). Se había llegado a un 12% de sustitución, lo que teniendo en cuenta la huella de carbono de ambos significa un ahorro del 10% de las emisiones en el transporte (autos, camiones), en la agricultura y en la generación eléctrica.

Pero ahora toda la industria de biocombustibles está parada. Son 28 plantas de biodiesel y 7 de etanol, que han frenado la producción por la falta de actualización de los precios que debe disponer la autoridad de aplicación. Con este panorama, el sector enfrenta el vencimiento, en mayo próximo, de la ley 26093.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó esta semana que el 20 de enero se tratará el proyecto de ley ya aprobado en el Senado, que establece una prórroga de la ley por cuatro años. No es el mejor escenario, ya que se esperaba la sanción de una ley que permitiera progresar en este sendero, para beneficio del agro y del medio ambiente. Pero es pájaro en mano, ante la presión de intereses que apuntan a recuperar el espacio cedido a los biocombustibles. Sería un enorme retroceso, tanto por lo que implica como capitulación en lo ambiental, como por la desaparición de una fuente de demanda de los insumos básicos para producirlos: aceite de soja, maíz y caña de azúcar.

En los dos primeros, la Argentina juega fuerte en el mercado internacional. En el caso del aceite, nuestro país es el líder mundial en un mercado que está crónicamente sobreofertado. Hay una capacidad de elaboración de 8 millones de metros cúbicos por año. Destinar el 20% de ese volumen al mercado interno para su uso como biodiesel tendría un sensible impacto en los precios internacionales. Y viceversa.

En maíz, hemos cedido el histórico segundo lugar a Brasil, pero esto es mérito de los vecinos con su imponente expansión en los Cerrados. No es casual que el artífice del desarrollo de esta región, Alisson Paulinelli, haya sido nominado esta semana para el Premio Nobel de la Paz.

Pero la Argentina sigue pesando también en este mercado. Basta fijarse lo que sucedió esta semana con las cotizaciones de Chicago, donde tanto la soja como el maíz pegaron un fuerte respingo como consecuencia de la preocupante sequía en la región.

Más allá de este impacto global sobre los precios agrícolas, está la incidencia regional. El desarrollo del etanol de maíz sostiene los precios en el interior. El maíz “viaja mal”: su precio es el 50% del de la soja y en consecuencia inciden mucho los fletes. En el área de influencia de las grandes plantas, se ha formado una especie de puerto seco. Sería fantástico que se instalen plantas en lugares más alejados, donde la influencia del transporte deja al maíz fuera de competencia. Y esto afecta la sustentabilidad ya que es muy difícil mantenerlo en las rotaciones. Además coincide con que son provincias no petroleras. Por algo se creó la Liga de Provincias Bioenergéticas.

El escenario más plausible sería lograr una prórroga transitoria (más breve que los cuatro años propuestos por la media sanción del Senado), y avanzar rápidamente en una ley que profundice el corte y consolide los mecanismos de precios. Y más allá de ello, que la autoridad de aplicación cumpla con la norma de fijación de precios para que el sector vuelva a la normalidad. Es la primera tarea del 2021. Así arrancamos con energía renovada.

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